En la bancada oficialista analizan qué medida tomar con la legisladora afirma que participó engañada del encuentro en Ezeiza con represores. Fuerte malestar por la falta de disciplina partidaria
La diputada libertaria Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal para que se investigue a sus propios compañeros de bloque y a funcionarios de la Cámara baja y del Servicio Penitenciario por la visita que ella misma protagonizó junto a otros cinco legisladores al penal de Ezeiza para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad.
La joven mendocina, al igual que su compañera Rocío Bonacci, no acató la orden del presidente de la Cámara de Diputados de bajar el perfil y continuó alimentando el escándalo. Ayer, en una entrevista con C5N, volvió a asegurar que fue a la cárcel engañada por sus compañeros y que tanto Martín Menem como Gabriel Bornoroni -jefe del bloque- habían autorizado la actividad.
La versión de Arrieta coincide con la de Bonacci -que también asegura que fue engañada- pero entra en contradicción directa con las explicaciones que dieron Menem y Bornoroni: ambos aseguraron que no estaban al tanto de la visita a Ezeiza, se mostraron en desacuerdo con visitar a represores condenados y argumentaron que se trató de una decisión “individual” de algunos diputados que no representa al bloque ni al gobierno de Javier Milei.
De hecho, en la reunión de bloque del miércoles pasado, los libertarios intentaron unificar su discurso y dar por terminada la polémica. Allí se decidió que no habría sanciones formales contra los diputados implicados y también acordaron encuadrar discursivamente el escándalo como una “operación de prensa”.
Ante la consulta de Infobae, en el bloque reconocieron que están evaluando qué hacer con la diputada rebelde. “No está claro si es mejor echarla o esperar a que se vaya sola”, explicaron sin ocultar el malestar con su comportamiento. Pero aclararon que “lo más grave es la falta de disciplina partidaria” y no la decisión de visitar a represores en la cárcel, hecho que siguen calificando como una “decisión personal”.
En esa línea, fuente libertarias revelaron a este medio que Arrieta estuvo haciendo averiguaciones para formar un monobloque. “Quería saber cuáles son los ‘beneficios’ de tener un monobloque”, revelaron.
La otra opción sería acercarse a alguno de los espacios que reconocen el liderazgo de Milei pero por conflictos con su hermana Karina y Martín Menem decidieron estar por fuera, como Carolina Píparo, que tiene su espacio Buenos Aires Libre, u Oscar Zago, quien creó su propio bloque MID, tras haber sido corrido de la presidencia del bloque LLA.
Si bien en el entorno de Píparo descartaron completamente cualquier contacto con Arrieta, en las filas del MID aseguraron que “las puertas están abiertas” para dialogar con cualquiera, siempre y cuando “no estén convencidos que la visita a represores es algo que está bien, en ese caso no tenemos nada que compartir”.
En tanto, los otros cuatro diputados que fueron al penal de Ezeiza pero acataron la orden de mantener el perfil bajo, es decir, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra, se mantienen en buenos términos con el resto del bloque y con la Presidencia de la Cámara. Se descartan sanciones o expulsiones. Aunque no así para Bonacci, que además acrecentó el malestar por llegar tarde a la sesión que se cayó por falta de quórum este miércoles. “Dijo que hubo problemas de tránsito, está muy lenta para llegar a la sesión pero muy rápida para ir a hablar a los medios”, ironizaron los libertarios.
La denuncia penal de Arrieta apunta principalmente contra sus compañeros de bancada Benedit Beltrán y Guillermo Montenegro, por haber organizado la actividad si declarar abiertamente su objetivo, pero también menciona al secretario personal de Menem, Sharif Menem, al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, al cura Javier Olivera Ravasi.
Entre los delitos que serían investigados se destacan: coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, conspiración, y malversación de caudales públicos.
Fuente: Infobae
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